En el evento “Whistleblowing and Compliance: The Experience of the United States”, se resaltaron las deficiencias y desafíos de este sistema de protección legal en nuestro país.
La denuncia de ilícitos dentro en las empresas es una herramienta fundamental para la transparencia y el buen funcionamiento corporativo.
El término “whistleblowing” se refiere a la acción de denunciar actividades ilegales o no éticas dentro de una organización. Los “whistleblowers” o denunciantes, son personas que informan sobre estas irregularidades, generalmente con el objetivo de proteger el interés público y fomentar la transparencia y la responsabilidad en las instituciones. Este proceso es fundamental para combatir la corrupción y garantizar un comportamiento ético en todos los niveles de una organización.
Sin embargo, la valiente acción de estos individuos frecuentemente conlleva riesgos significativos, incluyendo represalias y persecución laboral.
En ese contexto, se llevó a cabo el evento “Whistleblowing and Compliance: The Experience of the United States”, organizado por Whistleblower Chile el pasado 29 de mayo, donde el reconocido experto norteamericano Tom Devine, abogado con una vasta experiencia como litigante y consultor internacional, que ha asesorado al Congreso de Estados Unidos en la discusión de todas las leyes federales sobre whistleblowing, y el director de Whistleblower Chile, Jorge Martínez Rivera, discutieron los riesgos que enfrentan los trabajadores chilenos que denuncian ilícitos dentro de sus organizaciones a través de canales internos.
Tom Devine advirtió sobre los peligros inherentes al sistema de compliance en Estados Unidos, señalando que «en Norteamerica las investigaciones de compliance muchas veces se han convertido en una trampa para los trabajadores que, movidos por un espíritu de resolver problemas corporativos, terminan siendo represaliados por cuestionar los ilícitos de sus jefaturas».
Devine subrayó además que uno de los problemas principales es la contratación de investigadores externos por parte de las empresas, lo que compromete la confidencialidad y la protección de los denunciantes.
Por su parte, Jorge Martínez Rivera, director de Whistleblower Chile y profesor de la Universidad de Chile, destacó que en Chile las investigaciones de compliance constituyen un mercado no regulado. “En Chile, el Código de Ética Profesional no regula cuestiones básicas respecto a los abogados investigadores, por ejemplo, que deban advertir a los trabajadores que su cliente es la empresa y no ellos. Por la desregulación de este mercado, los trabajadores podrían convertirse en los chivos expiatorios de los ilícitos de sus superiores o sufrir represalias”.
Martínez Rivera también señaló que la reciente Ley de Delitos Económicos hace parte a los trabajadores de los sistemas de prevención de delitos y canales de denuncia, pero no ha modificado el Código del Trabajo para ofrecerles derechos como whistleblowers.
«La protección legal de los denunciantes es esencial para fomentar un entorno donde los trabajadores se sientan seguros al reportar irregularidades. Sin un marco legal robusto que los ampare, los whistleblowers pueden convertirse en víctimas de represalias, lo que desincentiva la denuncia de actos corruptos y perpetúa la impunidad dentro de las organizaciones. En Chile todavía está pendiente la creación de un estatuto del trabajador whistleblower que esté acorde con las buenas prácticas internacionales», añadió.
Ambos expertos concluyeron que los trabajadores deberían solicitar asesoría experta antes de realizar denuncias a través de los canales internos de las empresas o prestar testimonio para investigadores. “La protección adecuada de los whistleblowers sigue siendo una tarea urgente y necesaria en el contexto chileno”, concluyó Devine.
Comunicaciones Whistleblower Chile