El caso de Karin Salgado representa un ejemplo paradigmático de whistleblowing (interés público) en el trabajo. No obstante, la ‘Ley Karin’ reguló sólo conflictos laborales sin proteger a los whistleblowers como Karin, situación que refleja la falta de comprensión en Chile de las dificultades que enfrentan quienes denuncian hechos de interés público en su entorno laboral.

En 2018, el Hospital Herminda Martín de Chillán abrió un sumario administrativo tras una denuncia por faltas a la probidad. En ese contexto, Karin Salgado entregó testimonio clave que involucraba a sus superiores en los hechos investigados. Su participación, en lugar de ser valorada como un acto de integridad, fue tratada como una transgresión contra sus superiores: sus jefaturas conocieron su declaración y tomaron represalias.

Karin fue suspendida de sus funciones por 30 días, sancionada con una anotación de demérito y reubicada en un nuevo cargo con una reducción del 50% de su sueldo. Acudió a la Contraloría General de la República, pero su denuncia fue desestimada por motivos formales, sin abordar el fondo del asunto.

A fines de 2019, en medio de una profunda angustia emocional y una severa crisis económica derivada de las sanciones sufridas, Karin se quitó la vida. Su muerte conmovió al país y motivó la creación de la Ley N° 21.643, conocida como ‘Ley Karin’, orientada a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral. Sin embargo, dicha ley no aborda la situación protagonizada por Karin: la denuncia de hechos de interés público en el trabajo. Su historia sigue siendo un llamado urgente a la necesidad de una legislación específica para proteger a quienes alertan sobre irregularidades en el trabajo en el sector público o privado.

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