Como categoría jurídica, el whistleblowing es relativamente nuevo en el ordenamiento jurídico chileno. Esta afirmación no desconoce la existencia de normas que regulan instituciones jurídicas que protegen inespecíficamente a los whistleblowers, tales como la ley 20.393, sobre modelos de prevención de delitos, la ley N° 20.607, sobre acoso laboral, o la más reciente 21.643 (llamada Ley Karin). Aunque ninguna de estas normas regula específicamente el whistleblowing, todas ellas regulan tangencialmente la protección de quienes presentan denuncias de interés público en el lugar de trabajo.
Por otra parte, Chile tiene cuatro leyes que podrían llamarse de whistleblowing: la ley N° 20.205, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad; la ley N° 21.314, sobre denunciante anónimo en el mercado financiero; la ley N° 21.480, que extiende la esfera de protección a personal de fuerzas armadas frente a denuncias por faltas a la probidad y otros delitos; y, la reciente ley N° 21.592, que establece un estatuto de protección en favor del denunciante del sector público.[1]
La ley Nº 21.592 crea un canal de denuncias a cargo de la Contraloría General de la República. Asimismo, considera la reserva de identidad del denunciante, el deber de denuncia y las medidas de protección en favor del personal de la Administración del Estado, y su extensión a entidades públicas o privadas en que el Estado o sus instituciones tienen participación o que reciben subvención.
Para difundir la nueva ley N° 21.592, en Whistleblower Chile hemos creado una guía sobre su ámbito de aplicación, pues, lamentablemente, no todos los trabajadores gozan de los mismos derechos si denuncian faltas al principio de probidad en el sector público.
¿Te interesaría saber más? Puedes ver nuestra guía aquí.
[1] A la fecha, no presenta avances el proyecto de whistleblower en libre competencia (boletín N° 13312-03).