*…Ya se dio un paso en esta dirección con la Ley Nº 20.314 que creó un programa de incentivos (a cargo de la CMF) para los whistleblowers corporativos. Con las debidas adaptaciones a nuestra institucionalidad. se podría transplantar un sistema qui tam en Chile que otorgue recompensas y protección laboral a quienes conozcan información relevante sobre corrupción contra el fisco…»

A raíz del escóndalo de las fundaciones que prestan dudosos servicios al Estado, vale la pena analizar herramientas exitosas contra el fraude fiscal a nivel comparado. Una de ellas son las acciones qui tam interpuestas por whistleblowers. Aunque poco conocidas en la tradición continental, las acciones qui tam han sido parte de la tradición angloamericana por siglos. Qui tam es la abreviación de la fórmula «qui tam pro domino regequam pro se ipso in hac parte sequitur’. en español: ‘Quien demanda por sí y en nombre del rey». Estas acciones han demostrado su eficacia para combatir ilícitos difíciles de detectar (como el fraude al fisco).

Una acción qui tam permite a un whistleblower demandar, en nombre del Estado, a quien ha defraudado al fisco, recibiendo a cambio parte del monto recuperado como recompensa. Aunque nacieron en el derecho inglés medieval, hoy en Estados Unidos son la más celebrada herramienta contra el fraude de fondos públicos. Según el Departamento de Justicia de ese país, solo a través de la False Claims Act (1863). una ley que funciona ba)o la modalidad qui tam. el gobierno federal ha recuperado más de USS 72 billones en 36 años, recompensando a los whistleblowers que actuaron en interés del Estado.

Existe consenso en que el Estado realiza tal cantidad de actividades y tan diversas, que las oportunidades de fraude son infinitas. Las enormes sumas que administran los programas estatales son imposibles de auditar en su totalidad. Además, la cultura del gasto del sector público es distinta a la del sector privado. Mientras que en el sector privado existen incentivos para reducir el gasto. los servidos públicos tienden a ‘ejecutar’ todo lo posible para conseguir un aumento de presupuesto el año siguiente.

Otra causa por la que el fraude contra el Estado es difícil de perseguir es la presión política. En efecto, los órganos anticorrupción pueden sufrir una alta interferencia cuando hay intereses politicos en juego. En Chile hemos sido testigos de escándalos por la polítizadón de los órganos a cargo de combatir la corrupción. Por ejemplo, la prensa dio amplia cobertura a las presiones del gobierno contra el Servicio de Impuestos Internos para que no se querellara contra políticos en el caso SQM. También la Contraloria, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público cargan el sambenito de la polítizadón.

Las acdones qui tam interpuestas por whistleblowers ayudan a detectar los fraudes y disminuir el sesgo político en su persecución. A modo de ejemplo, la False Claims Act. en Estados Unidos, castiga con tres veces el monto defraudado por obtener pagos fraudulentos del fisco o por distraer fondos que se deban restituir al fisco (reverse false claim act). La ejecución de esta ley es entregada a individuos particulares llamados «relators» (también conocidos como whistleblowers), quienes interponen una acción civil en nombre de Estados Unidos. Para expresar esta reladón, las demandas se caratulan «United States ex reí. (nombre demandante) v. (nombre demandado)’.

El relator debe presentar la demanda bajo sello con una copia al Departamento de Justicia (que tiene la representación del gobierno federal) para que se pronuncie. La demanda no se notifica hasta que el Departamento de Justicia decida tomar el caso o no. Si el gobierno opta por no intervenir, el relator puede continuar por si mismo con la acción en nombre del Estado. Si el gobierno interviene, el relator puede continuar como parte en el juicio. En el primer caso, el relator litiga por si mismo y recibe una recompensa de entre 25% y 30% del monto recuperado; en cambio, si el gobierno se hace parte, la recompensa alcanza entre 15% y 25%. Este sistema considera también protección contra represalias cuando los whistleblowers sean trabajadores que procedan contra su empleador u otros contratistas del Estado.

En estos días que se discute una nueva agenda anticorrupción, un sistema qui tam o de ejecución privada para perseguir el fraude fiscal merece ser considerado como una alternativa. Ya se dio un i paso en esta dirección con la Ley N° 20.314 que creó un programa de incentivos (a cargo de la CMF) para los whistleblowers corporativos. Con las debidas adaptaciones a nuestra    I

institucionalidad. se podría transplantar un sistema qui tam en Chile que otorgue recompensas y protección laboral a quienes conozcan información relevante sobre corrupción contra el fisco. I

* Jorge Martinez Rivera es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Chile, candidato a doctor en la Universidad de Edimburgo y asociado en

Government Accountability Project.