Whistleblower Chile presentó el cuestionario de consulta a Organizaciones No Gubernamentales sobre la protección a personas denunciantes en Chile, para la elaboración de un informe temático de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH y su Relatoría Especial han identificado desafíos en la región alrededor del marco jurídico de protección a whistleblowers. La falta de protección adecuada no solo pone en riesgo y vulnera los derechos de las personas denunciantes a nivel individual, principalmente la libertad de expresión, sino que también impacta negativamente en la sociedad, al limitar la capacidad de los órganos de control y la ciudadanía para actuar contra los abusos de poder.
En este contexto, la Relatoría Especial elaborará un informe temático enfocado en la protección a los whistleblowers en las Américas, resaltando su impacto en el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos humanos en general. El documento tiene como objetivo diagnosticar el problema en la región, avanzar en los estándares interamericanos y formular recomendaciones a los Estados para abordar estos desafíos.
En ese proceso, Whistleblower Chile recibió una invitación para informar la situación del caso chileno. Para ello, completó un cuestionario de consulta[JD1] con preguntas sobre las siguientes materias: (1) marco legal y política pública; (2) órganos responsables; (3) mecanismos de protección; (4) evaluación y desafíos en el sistema; (5) jurisprudencia y recomendaciones; y, (6) fuentes.
Desde entonces, Chile celebra la entrada en vigencia de la ley N° 21.592, sobre whistleblowers en el sector público (con reglamento e instrucciones incluidas); y la publicación de la ley N° 21.713, sobre recompensas para whistleblowers en materia tributaria. Así, el país se pone a la vanguardia de la región en materia de protección de personas denunciantes o whistleblowers.
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