Jorge Martínez Rivera es director de Whistleblower Chile y profesor de la Universidad de Chile.

Los whistleblowers –o denunciantes de interés público, en español– han protagonizado casos de la mayor relevancia a nivel internacional en las últimas décadas. Se trata de individuos insertos en organizaciones que revelan información sobre la comisión de delitos, abusos o despilfarros de recursos, todo en perjuicio del interés público, con el objetivo de que estas infracciones sean investigadas y sancionadas.

Algunos ejemplos famosos de los EE.UU. son: el analista militar Daniel Ellsberg, quien reveló información reservada a la prensa acerca de la guerra de Vietnam (un caso conocido como los Pentagon Papers); el consultor tecnológico Edward Snowden, quien reveló información reservada sobre una campaña ilegal de vigilancia masiva de ciudadanos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés); y ejecutivo de la industria tabacalera Jeffrey Wigand, quien reveló información privada acerca de los efectos nocivos de sus productos sobre la salud de las personas, y denunció que las empresas del rubro conocían esta información y la ocultaron a sus clientes. Este último caso incluso llegó al cine, con la película The Insider – protagonizada por el actor australiano Russell Crowe.

La figura del whistleblower se encuentra consagrada en el derecho internacional, como, por ejemplo, en el Tratado de Anticorrupción de las Naciones Unidas; y en el derecho comparado, destacando las legislaciones de los EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea. Estos estatutos se preocupan de brindar protección integral a los denunciantes. A diferencia de lo que sucede en esas latitudes, en América Latina no existe una cultura del whistleblowing.

Jorge Martínez Rivera, abogado de la Universidad de Chile y fundador de Whistleblower Chile – organización que busca generar conciencia acerca de este tema – explica que a nivel local se requiere una regulación integral que proteja a los denunciantes, propiciando un entorno de seguridad y respaldo para la revelación de irregularidades. “Estas personas juegan un papel crucial en la sociedad moderna, al exponer fraudes, corrupción y otras malas prácticas que de otro modo podrían permanecer ocultas. Proteger a los informantes es fundamental para cualquier sociedad que aspire a ser justa y transparente”, afirma el experto.

El problema a ojos del experto, radica en la indefensión legal de los denunciantes: pese a que el marco regulatorio en Chile está en evolución, con algunos esfuerzos legislativos, los whistleblowers siguen siendo víctimas de represalias: “Actualmente, el país carece de una legislación específica y robusta que proteja a los denunciantes de represalias, lo que desalienta a muchos potenciales denunciantes de exponer irregularidades. La protección de los whistleblowers no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad para el funcionamiento de una sociedad justa y transparente. Los denunciantes pueden ayudar a identificar y corregir prácticas corruptas, fraudes y otras actividades ilícitas”, asegura.

Los efectos que sufren en nuestro país quienes se enfrentan a los comportamientos ilícitos o poco éticos en sus organizaciones van desde la desvinculación hasta la falta de oportunidades laborales (listas negras) en sus respectivos campos de desarrollo laboral, e incluso, en no pocas oportunidades, deben migrar por la carga social que supone haber expuesto a sus empleadores. En Europa, Estados Unidos y Reino Unido, el marco legal no solo prohíbe las represalias, sino que establece mecanismos específicos para la protección de personas que realicen denuncias de interés público.

La desprotección en los conflictos de interés público

Martínez Rivera, quien también se desempeña como académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, advierte que se debe distinguir entre la figura del whistleblower, que alerta sobre una situación de interés público, y la figura del trabajador que denuncia sobre condiciones laborales que sólo afectan a las partes involucradas. “Cuando hablamos de whistleblower, hablamos de personas que reportan situaciones de interés público, son como los ojos de la comunidad para alertar los ilícitos que se están cometiendo. La Ley Karin no protege debidamente a estas personas, pues fue ideada para conflictos laborales”.

En este sentido, el abogado también analiza los alcances de la Ley Karin en esta materia. “Un aspecto positivo de esta normativa es que considera la prevención del acoso. Sin embargo, desde su origen no está bien planteada, ya que deja desprotegidos a aquellos trabajadores que informan malas prácticas de interés público en sus organizaciones, tal cual como fue el caso de Karin, que comenzó con una denuncia de falta de probidad, y posteriormente derivó en una represalia”, señala.

En el contexto de la globalización y la creciente complejidad de las organizaciones, los whistleblowers se han convertido en una herramienta esencial para la vigilancia y la rendición de cuentas. “Sin una protección adecuada, muchos potenciales denunciantes podrían optar por el silencio, permitiendo que las malas prácticas continúen ocultas. Además, es crucial fomentar una cultura organizacional que valore la transparencia y la integridad, donde los empleados se sientan incentivados a denunciar irregularidades sin temor a represalias”, concluye Jorge Martínez Rivera.